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El mundo avanza hacia medios y formas de universalización de la salud. Ya existieron casos, pocos a nivel global, de ello.
Los países escandinavos y países centrales de Europa; en América, países como Canadá y Argentina. Todos ellos han contado y mantienen sistemas gratuitos de complejidad, donde los ciudadanos, nacionales o extranjeros, pueden acceder a las prestaciones sanitarias según las necesidades médicas.
No obstante, las nuevas tecnologías y las complejidades sociales están cambiando esos esquemas: libretas únicas, historias clínicas unificadas, accesos públicos donde el mercado excluye, van configurando esquemas de atención y cuidado de los diferentes estratos sociales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso y la cobertura universal a la salud son el fundamento de un sistema de salud equitativo.
La cobertura universal se construye a partir del acceso universal, oportuno, y efectivo, a los servicios. Sin acceso universal, oportuno y efectivo, la cobertura universal se convierte en una meta inalcanzable. Ambos constituyen condiciones necesarias para lograr la salud y el bienestar.
Ese es el caso de México, donde el Seguro Popular coordina la atención de salud a través de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) y los proveedores de servicios de salud públicos o privados en las entidades federativas.
Otro ejemplo es la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, más conocido como Obamacare, que buscó otorgar protección a más de 60 millones de estadounidenses sin cobertura médica, es decir, seis veces la población de Bolivia.
La asistencia sanitaria universal, asistencia sanitaria pública, asistencia de salud pública o sanidad pública hace referencia al acceso a asistencia sanitaria completa y la salud pública de todos los residentes de un país o región geográfica o política, sin importar su capacidad económica o situación personal.
La asistencia sanitaria universal responde a la demanda del derecho a la salud, inscribiéndose en los derechos económicos, sociales y culturales considerados derechos humanos de segunda generación.
Entre los beneficios de estas políticas se encuentran el manejo de la información y gratuidad, ya que son los gobiernos y estados los que hacen los aportes para que los ciudadanos puedan realizar los tratamientos.
Aún así, se modifica, según los especialistas, la visión de la medicina: la prevención es el articulador, ya que con cuidados y revisiones periódicas, las enfermedades disminuyen teniendo como consecuencia el aumento de la calidad de vida.
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